En la ciudad de Orán, Salta, un incidente ha capturado la atención del público y generado un amplio debate. Una mujer boliviana embarazada se negó a pagar por los servicios de parto en el hospital San Vicente de Paul, lo que desató una serie de eventos que culminaron con una denuncia judicial. Este suceso ha puesto en relieve la tensión entre las políticas de salud pública y las regulaciones migratorias en Argentina.

La mujer, que llegó al hospital para dar a luz, se encontró con una factura de 250.000 pesos argentinos, una suma impuesta por la provincia de Salta a los extranjeros que buscan atención médica. La política, que busca reducir el cruce fronterizo para la atención gratuita, ha resultado en una disminución del 90% en la atención a extranjeros desde su implementación en febrero.

El director del hospital, Fabián Valenzuela Pérez, relató que la mujer había abandonado el hospital tras una discusión inicial sobre los costos, pero regresó en pleno trabajo de parto y fue atendida dada la urgencia de la situación. Tras el parto, se le presentó la cuenta, lo que llevó a otra discusión y a su salida sin pagar. Las autoridades procedieron a denunciarla, marcando un precedente en la aplicación de la nueva política de salud.

“Es un caso de una paciente con el marido. Según el documento del marido, reside acá en Orán, pero ella tiene cédula boliviana. Vino con un embarazo a término y el ginecólogo de guardia consideró que todavía no estaba en trabajo de parto, por lo cual se le dijo que tenía que abonar o si no tenía tiempo para regresar a su país. Eso fue en horas de la mañana”, explicó Valenzuela sobre el primer contacto con la mujer.

Sin embargo, después narró: “Posteriormente, en horas de la madrugada, llegaron los dos con un trabajo de parto ya muy avanzado. Se les brindó la atención para que la mujer tuviera el parto en el hospital y se la asistió tanto a ella como a su bebé. Al día siguiente se les anotició del cobro correspondiente, de $245.000, ante lo cual el marido, que es argentino, dice que no les correspondía”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había anunciado el cobro por la atención médica a extranjeros a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), detallando el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. Mientras la atención de urgencia sigue garantizada, el estado busca recuperar los gastos ocasionados posteriormente.

Este caso ha generado opiniones divididas. Por un lado, se argumenta la necesidad de regular el uso de recursos públicos y de gestionar adecuadamente la atención médica en un contexto de limitaciones presupuestarias. Por otro lado, se plantean preocupaciones sobre los derechos humanos y el acceso equitativo a servicios esenciales como la salud, especialmente para las poblaciones vulnerables.

La situación de la mujer boliviana y su recién nacido ha desencadenado una discusión más amplia sobre la política migratoria y de salud en Argentina, y cómo estas políticas afectan a las personas que buscan un futuro mejor en el país. Mientras el debate continúa, el caso sigue en manos de la justicia, que deberá determinar el desenlace de este complejo entramado de salud pública, migración y derechos humanos.

Opiniones

Por un lado, hay quienes apoyan la medida del cobro a extranjeros no residentes, argumentando que es una forma de proteger los recursos limitados del sistema de salud pública. Estos ciudadanos consideran que las políticas deben enfocarse en priorizar a los residentes locales y en gestionar de manera más eficiente el presupuesto de salud.

Por otro lado, existe una fuerte corriente de opinión que critica la medida, considerándola discriminatoria y preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos. Este grupo argumenta que el acceso a la salud es un derecho fundamental y que las barreras económicas no deberían impedir que las personas reciban atención médica, especialmente en situaciones de urgencia como un parto.

El incidente ha reavivado la discusión sobre la política migratoria y de salud en Argentina, con muchos ciudadanos expresando su preocupación por cómo estas políticas pueden afectar a las personas más vulnerables que buscan un futuro mejor en el país. Además, el caso ha llamado la atención sobre la necesidad de un debate más amplio y profundo sobre la solidaridad y la inclusión en el contexto de la atención médica.