Adoptada en 1984, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados establece un marco integral para la protección de personas desplazadas en América Latina, ampliando la definición de refugiado y reafirmando el compromiso humanitario de los países de la región.

En un contexto de creciente violencia y conflictos internos en América Central, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, adoptada el 22 de noviembre de 1984, se erige como un hito en la protección de los derechos de los refugiados en la región. Este documento, resultado de un coloquio celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, reúne a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, quienes se unieron para abordar la crisis de desplazamiento forzado.

La declaración no solo reafirma la naturaleza pacífica y humanitaria del asilo, sino que también amplía la definición de refugiado, incorporando a aquellos que huyen de la violencia generalizada, la agresión extranjera y la violación masiva de derechos humanos. Este enfoque inclusivo responde a la realidad de millones de personas que buscan protección en un entorno marcado por la inestabilidad.

Entre los principales objetivos de la Declaración de Cartagena se encuentra la necesidad de establecer mecanismos de consulta entre los países centroamericanos y fortalecer la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, se enfatiza la importancia de garantizar que la repatriación de refugiados sea un proceso voluntario y seguro, en el que se respete la dignidad de las personas afectadas.

La declaración también subraya la urgencia de fortalecer los programas de asistencia y protección a los refugiados, abordando aspectos críticos como la salud, la educación y la seguridad. En un momento en que la crisis de refugiados sigue siendo un desafío global, la Declaración de Cartagena se presenta como un modelo de cooperación regional y un llamado a la acción para la comunidad internacional.

A más de tres décadas de su adopción, la Declaración de Cartagena continúa siendo un referente fundamental en la defensa de los derechos de los refugiados, recordando a los países de la región su responsabilidad compartida en la protección de quienes han sido forzados a abandonar sus hogares en busca de seguridad y dignidad.

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Los principales objetivos de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, adoptada en 1984, incluyen:

1. Diferenciación de categorías de migrantes: Adoptar la terminología establecida en la Convención y el Protocolo sobre refugiados para diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes.
2. Mecanismos internos: Establecer los mecanismos necesarios para aplicar las disposiciones de la Convención y del Protocolo en caso de adhesión.
3. Consulta entre países: Promover mecanismos de consulta entre los países centroamericanos y representantes de las oficinas gubernamentales responsables de atender el problema de los refugiados.
4. Apoyo al ACNUR: Apoyar la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Centroamérica y establecer mecanismos de coordinación para facilitar su mandato.
5. Repatriación voluntaria: Asegurar que toda repatriación de refugiados sea voluntaria y con la colaboración del ACNUR.
6. Protección y asistencia: Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, especialmente en salud, educación, trabajo y seguridad.
7. Autosuficiencia: Establecer programas y proyectos que promuevan la autosuficiencia de los refugiados.
8. Capacitación de funcionarios: Capacitar a los funcionarios responsables de la protección y asistencia a los refugiados, con la colaboración del ACNUR y otros organismos internacionales.
9. Ayuda internacional: Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los refugiados centroamericanos.
10. Condiciones de asentamiento: Reiterar la importancia de que los campamentos de refugiados se ubiquen a una distancia razonable de las fronteras para mejorar las condiciones de protección.

Estos objetivos reflejan un compromiso con la protección de los derechos humanos de los refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas a su situación.