El gobierno argentino ha anunciado una serie de modificaciones significativas en su política migratoria, que incluirán un endurecimiento de los requisitos para obtener residencia y la implementación de un sistema de deportación más rápido para extranjeros que cometan delitos. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días.

Esta reforma, impulsada en gran medida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca revertir lo que el gobierno considera una política migratoria «demasiada permisiva» en años anteriores. Según Adorni, Argentina no puede permitirse ser un «centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos».

Entre los puntos clave de la nueva normativa se destacan:

• Prohibición de ingreso a condenados: Ningún extranjero con condenas judiciales podrá ingresar al país.
• Deportación por delitos: Aquellos extranjeros que cometan delitos en territorio nacional, independientemente de la pena, serán deportados. Se habilitará la denegación de ingreso o deportación por ilícitos con penas menores a 5 años.
• Arancelamiento de servicios: Se exigirá el pago de servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico al ingresar al país. Se autorizará a las Universidades Nacionales a establecer aranceles para servicios educativos a residentes temporarios, excluyendo educación inicial, primaria y secundaria.

El gobierno argumenta que esta reforma es necesaria para optimizar los recursos y reducir gastos en atención a extranjeros, citando un gasto significativo en servicios de salud. La medida también se fundamenta en la necesidad de ordenar la política migratoria ante el ingreso de inmigrantes irregulares en los últimos 20 años.

La reforma migratoria anunciada retoma aspectos de un DNU anterior (70/2017) impulsado durante la gestión de Mauricio Macri y derogado en 2021. Dicho decreto había sido cuestionado y declarado inconstitucional por la Justicia por imponer restricciones consideradas regresivas a los derechos humanos de los migrantes y no garantizar el debido proceso en los procedimientos de expulsión.

Desde el gobierno, se espera que esta nueva normativa contribuya a consolidar un país «serio», aunque sectores de la oposición ya anticipan posibles cuestionamientos legales, similar a lo ocurrido con el decreto previo.

---

COMUNICADO OFICIAL

Ciudad de Buenos Aires, 14 de mayo de 2025.- La Oficina del Presidente informa que, tal como se comprometió el Presidente Javier G. Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para realizar una profunda modificación del Régimen Migratorio.

Juan Bautista Alberdi afirmaba que «gobernar es poblar», y Argentina, desde sus orígenes, siempre ha sido un país abierto al mundo. Sin embargo, eso no puede indicar que los pagadores de impuestos deban sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados «turistas sanitarios». Mucho menos que deban tolerar que lleguen a delinquir.

Las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio. Esta medida busca instaurar orden y sentido común en un sistema que, lamentablemente, y debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado.

En primer lugar, se establece que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta.

Por otra parte, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina. Durante el año 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos. Esto demuestra cómo se objetiva garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos.

Entre otras medidas, se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, tal como está dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen los requisitos, como siempre debió haber sido, y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.

La sociedad eligió al Presidente Javier G. Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina. Garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos no utilice en usos y en los saqueos que hagan abuso de nuestros servicios públicos, en aquellos que delincan no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la ciudadanía sea un trámite exigente, constituye un paso fundamental en esa dirección.

Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.

Oficina del Presidente de la República Argentina