Representantes de la Unión de Inmigrantes expresaron inquietud ante el anuncio de mayores requisitos para la residencia y la deportación exprés, calificando la medida de arbitraria y basada en datos poco serios.

Córdoba, Argentina – La comunidad inmigrante en Córdoba, a través de sus referentes de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba / UCIC, manifestó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre una reforma migratoria que endurecerá las condiciones para la residencia y acelerará los procesos de deportación. La presidenta de la entidad, Marta Guerreño, y la secretaria, Renata Santos, criticaron la medida que, según adelantaron, se implementaría por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Marta Guerreño, presidenta de la Unión de Inmigrantes, señaló que la reforma parece «endosar a las corrientes migratorias las decisiones que tienen que tomar los cancilleres y presidentes». Criticó la falta de seriedad de los datos esgrimidos para justificar la medida, particularmente la cifra de 1.700.000 personas que habrían ingresado de forma irregular en los últimos 20 años. «Me encantaría saber de dónde sacaron esos números, porque si es de forma irregular, no se registra en ningún lado», afirmó Guerreño, añadiendo que la reforma no está basada en estadísticas ni datos científicos.

La preocupación también radica en la forma en que se implementaría la reforma, ya que al ser por DNU, no daría posibilidades de debate o defensa por parte de las organizaciones de inmigrantes. «Al ser un decreto, es de forma muy arbitraria», sostuvo Guerreño.

Otro punto de gran inquietud para la Unión de Inmigrantes es la intención de arancelar los servicios de salud para personas con radicación temporaria y establecer aranceles educativos en universidades nacionales para residentes temporarios. Marta Guerreño explicó que la residencia temporaria es el primer documento que se otorga al llegar al país y que las personas que la poseen viven, trabajan y pagan impuestos en Argentina. «¿Por qué debería de ser ciudadano de primera y segunda clase?», cuestionó, diferenciando la situación de un residente de la de un turista, quien sí podría, a su entender, estar sujeto a pagos por servicios.

Por su parte, Renata Santos, secretaria de la Unión de Inmigrantes y oriunda de Brasil, calificó el comunicado oficial como preocupante y destacó que, si bien los inmigrantes aportan diariamente con el pago de impuestos, sus derechos están siendo puestos en cuestión a nivel nacional. Santos resaltó que Córdoba ha sido pionera en la garantía de los derechos de las personas migrantes, mencionando incluso un reciente encuentro en la legislatura provincial para discutir una ley antidiscriminatoria.

Las representantes de la comunidad inmigrante en Córdoba enfatizaron que la población migrante contribuye al país con su trabajo y el pago de impuestos, y no son una carga para el Estado. Las primeras repercusiones de la anunciada reforma migratoria reflejan un fuerte rechazo y preocupación en este sector de la sociedad.