El 28 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión en la política migratoria argentina con la publicación del Decreto 366/2025 en el Boletín Oficial. Este documento, emanado del Poder Ejecutivo, busca una readecuación de las normativas vigentes en un contexto global y regional de crecientes flujos migratorios y nuevas realidades. Aunque Argentina se ha distinguido históricamente por su apertura a la inmigración, amparada en su Constitución Nacional que garantiza amplios derechos a los extranjeros, el Gobierno considera imperativo un ajuste para preservar la sostenibilidad de sus servicios públicos y la seguridad de sus ciudadanos.

El decreto hace una distinción clara: si bien la Constitución promueve la acogida, el escenario actual difiere significativamente de épocas pasadas. Se menciona específicamente el impacto del aumento de deportaciones desde Estados Unidos, que podría derivar en un mayor número de migrantes buscando establecerse en Argentina, lo que, según el texto, podría tensar la economía y los servicios esenciales. Además, se expresa preocupación por el posible ingreso de personas vinculadas a organizaciones criminales como el «Tren de Aragua» o la «Resistencia Ancestral Mapuche», un riesgo que el Gobierno busca mitigar con estas nuevas disposiciones.

Entre las reformas más destacadas a la Ley de Migraciones N° 25.871, el Decreto 366/2025 establece criterios más rigurosos para el ingreso y la permanencia en el país. Se requerirá a quienes busquen la residencia permanente acreditar medios de subsistencia y la ausencia de antecedentes penales, buscando desalentar prácticas como el «turismo de natalidad». También se endurecerán los supuestos que impiden el ingreso o justifican la cancelación de residencias por motivos delictivos, y se impondrán consecuencias claras para aquellos que intenten reingresar al país tras haber sido rechazados o expulsados. Un nuevo requisito será la presentación de una declaración jurada al momento del ingreso.

En el ámbito de la salud y la educación, el decreto aborda el concepto de «turismo de salud» y el incremento de estudiantes extranjeros en universidades públicas. El documento señala que el acceso gratuito a servicios médicos de alta complejidad por parte de extranjeros no residentes ha generado una carga significativa para el sistema de salud. Durante 2024, las consultas y egresos hospitalarios de inmigrantes representaron un gasto considerable. Como respuesta, el decreto habilita a los establecimientos sanitarios públicos a cobrar por los servicios prestados a extranjeros que no posean residencia permanente, aunque se mantendrá la atención de emergencia por razones humanitarias y se exigirá un seguro de salud al ingresar al país.

Respecto a la educación universitaria, se destaca el notorio aumento de estudiantes extranjeros que optan por las universidades estatales argentinas, atraídos por la gratuidad y la calidad de la enseñanza frente a los costos o cupos limitados en sus países de origen. Los datos del decreto revelan que el número de alumnos extranjeros en universidades estatales creció un 135% entre 2015 y 2023, pasando de 35.202 a 82.797. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, 38.185 de sus 326.421 estudiantes en 2023 eran extranjeros. Estas cifras, según el Gobierno, justifican la necesidad de revisar el esquema actual para asegurar la equidad y la sostenibilidad de los sistemas públicos.