Expertos en migración cuestionan la propuesta del gobierno, señalando la falta de datos que justifiquen una reforma y el riesgo de vulnerar derechos ya establecidos.

Expertos en migración cuestionan la propuesta del gobierno, señalando la falta de datos que justifiquen una reforma y el riesgo de vulnerar derechos establecidos, antes de la emisión del Decreto Presidencial 366/2025. El anuncio, previo a dicho decreto, ha generado intenso debate en Argentina.

El reciente anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre una reforma migratoria, ha generado un intenso debate en Argentina. Pablo Ceriani Cernadas, abogado y director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, un referente en política migratoria, desgranó los puntos clave de la propuesta y expresó serias dudas sobre su fundamentación y la forma en que se pretende implementar. 

Ceriani Cernadas calificó el anuncio como «de campaña» y enfatizó la importancia de la responsabilidad, seriedad y el respeto al Estado de Derecho en cualquier reforma legal que afecte a la población.  Subrayó que la sociedad argentina siempre ha estado compuesta por personas nacidas en el país y habitantes de otros países, y cualquier cambio que altere las condiciones de vida de la población migrante debe ser considerado responsablemente. 

El experto destacó que varios de los aspectos anunciados ya están contemplados en la Ley de Migraciones vigente desde enero de 2004.  Criticó la intención de reformar la ley mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en lugar de llevar la discusión al Congreso, el ámbito constitucionalmente competente.  Para Ceriani Cernadas, un debate serio implica presentar argumentos sólidos, datos concretos y una evaluación de los impactos de la reforma. 

La actual Ley de Migraciones (25.871) fue aprobada en 2003 con un consenso unánime en ambas Cámaras del Congreso, un hecho poco común en la historia legislativa argentina.  Este amplio apoyo fue resultado de años de debate, análisis de información y la participación de diversos actores, incluyendo gobiernos provinciales, ámbitos de seguridad, salud, educación, universidades y organizaciones sociales, con una actuación central de Jorge Bergoglio (futuro Papa Francisco) como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ausencia de datos que justifiquen la reforma

Ceriani Cernadas desmintió varios de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma. Señaló que, según el Censo 2022, Argentina tiene el número más bajo de inmigrantes de toda su historia, representando el 4,2% de la población (menos de 2 millones de personas).  Esta cifra contrasta con el censo de 1960, cuando los extranjeros superaban el 10% de la población. 

Respecto a la afirmación de un «millón ochocientos mil personas que entró de manera irregular», el experto la calificó de incorrecta, indicando que esa cifra es similar al total de extranjeros en el país según el censo.  Explicó que la gran mayoría del ingreso irregular se vinculaba con la ley migratoria anterior, mucho más restrictiva, mientras que la ley actual, junto con el acuerdo de residencia del MERCOSUR, ha permitido que la mayoría de los migrantes obtengan sus permisos de residencia. 

En cuanto a la seguridad, el especialista afirmó que los datos oficiales muestran que los porcentajes de personas extranjeras privadas de libertad por delitos no han cambiado en los últimos 20 años, oscilando entre 4% y 6%. 

Salud y educación: ¿Mitos o realidades?

Ceriani Cernadas también abordó el endurecimiento de las condiciones para el acceso a la salud y la educación universitaria anunciado por el gobierno.  Criticó la retórica que sugiere que los extranjeros no pagan impuestos y que los argentinos costean sus servicios de salud y educación.  Argumentó que los migrantes, al vivir, alquilar, comprar y trabajar en el país, generan riqueza y contribuyen a la sociedad.  De hecho, en los últimos siete años, el 20% del personal sanitario son extranjeros. 

Sobre el «turismo de salud», Ceriani Cernadas señaló que no hay datos documentados que confirmen su ocurrencia a gran escala.  Distinguió esta situación de la atención a personas que no residen en el país, como en el caso de Salta, donde se empezó a cobrar a extranjeros que viajaban para cirugías o partos sin tener residencia en Argentina, diferenciándolo de los casos de emergencia que sí son atendidos gratuitamente. En las zonas de frontera, resaltó que la movilidad de personas de un lado a otro es constante y contribuye a la economía local.

En conclusión, la postura del experto sugiere que el anuncio de la reforma migratoria carece de un sustento fáctico sólido y podría responder más a una estrategia política que a una necesidad real.