Organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes se pronuncian contra el DNU 366/2025, alertando sobre la restricción de derechos y la falta de argumentos válidos.

Un amplio grupo de organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, junto al Colectivo de la ENMA, han manifestado su rotundo rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025. El decreto, publicado esta semana en el Boletín Oficial, es calificado de «arbitrario» y «xenófobo», y se basa en «datos falsos» y «prejuicios» para reformar una Ley Migratoria reconocida mundialmente.

Según el documento de posicionamiento emitido por estas entidades, el DNU «restringe a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país», sin pasar por el Congreso ni considerar la realidad migratoria argentina.

Las organizaciones señalan que el gobierno ignora datos oficiales elementales, como la baja del porcentaje de población extranjera en Argentina (4,2% en el Censo 2022 frente al 13% en 1960). Además, resaltan el rol de la migración como factor de desarrollo económico, ejemplificando con el caso de España, donde la inmigración impulsó el 80% del crecimiento del PBI en los últimos años.

El texto critica duramente los «argumentos» del DNU, que aluden a supuestas «facilidades extremas para entrar y permanecer» en el país y a un «riesgo de invasiones de migrantes deportados de EE.UU.». Las organizaciones desmienten esto, señalando que las migraciones son predominantemente regionales y que la mayoría de los migrantes en Argentina provienen de países sudamericanos.

Asimismo, denuncian que la ley migratoria vigente (N° 25.871), lejos de promover la irregularidad, «resolvió la mayoría de las situaciones de irregularidad creadas por la ley anterior de la última dictadura militar». La nueva normativa, en cambio, creará un círculo vicioso de vulnerabilidades al establecer estamentos y privar de derechos básicos a quienes tienen residencia temporaria o precaria.

El DNU también prevé arancelar servicios de salud y educación universitaria para migrantes, desconociendo que «los inmigrantes que habitan en el país… contribuyen con sus impuestos, trabajo, gastos y alquileres al igual que cualquier otro habitante».

En cuanto a la seguridad, el documento enfatiza que «no ha habido un aumento del peso porcentual de la población migrante en el sistema carcelario», manteniéndose constante entre el 5 y 6% en los últimos veinte años.

Finalmente, el DNU introduce nuevos requisitos para la nacionalidad, favoreciendo a quienes realicen una «inversión relevante» y endureciendo las condiciones para los migrantes «de a pie». Las organizaciones alertan sobre los riesgos de lavado de dinero y la erosión de la soberanía al delegar la facultad de otorgar la nacionalidad a la Dirección Nacional de Migraciones.

El pronunciamiento concluye destacando que la ley vigente se aprobó tras un proceso «ejemplar» de participación social y política, mientras que este DNU es la «antítesis» al reformar una ley sin diálogo y recurriendo a falsedades. Las organizaciones firmantes incluyen a la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, CELS, y diversas universidades y colectivos.