La Nueva Ley de Ciudadanía Italiana: Un Giro Histórico que Redefine el Vínculo con la Patria Ancestral

Italia ha promulgado la Ley 74/2025, una reforma trascendental que modifica drásticamente las condiciones para el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia. Este análisis detalla los cambios clave, las nuevas exigencias y las vías legales para quienes buscan mantener viva su conexión con el legado italiano.

Parte 1: El Nuevo Marco Legal: Restricciones y Exigencias Inéditas

La República Italiana ha dado un paso significativo en la redefinición de su política de ciudadanía con la promulgación de la Ley 74/2025. Esta normativa, en vigor desde el 23 de mayo de 2025, representa la reforma más profunda en las reglas de reconocimiento de la ciudadanía italiana en las últimas tres décadas. Su origen se remonta al Decreto Ley 36/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de marzo de 2025. Posteriormente, fue convertido en ley por el Senado el 15 de mayo de 2025, con la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados antes del 27 de mayo de 2025, lo que le confirió carácter permanente.

La celeridad con la que este decreto provisional se transformó en ley definitiva, en menos de dos meses, subraya una marcada voluntad política por parte del gobierno italiano para implementar estas modificaciones con rapidez. Este proceso legislativo acelerado sugiere una estrategia para anticipar debates prolongados o una movilización generalizada en contra de la normativa antes de que esta se consolidara. Al actuar con tal premura, el gobierno ha logrado afianzar los cambios, lo que, a su vez, ha incrementado la urgencia para que los individuos afectados busquen alternativas legales. El objetivo declarado de esta reforma es ajustar el reconocimiento de la ciudadanía a vínculos culturales, residenciales o familiares más concretos y reales con la República, buscando limitar las solicitudes basadas únicamente en una ascendencia muy lejana.

El Fin del «Ius Sanguinis» Ilimitado: La Limitación Generacional a Hijos y Nietos

Históricamente, el principio del ius sanguinis (derecho de sangre) ha sido la piedra angular de la ley de nacionalidad italiana, permitiendo la transmisión de la ciudadanía sin un límite generacional preestablecido, siempre que se demostrara una línea de descendencia ininterrumpida. Este principio ha conectado a millones de descendientes en todo el mundo con Italia, independientemente de su lugar de nacimiento o contacto directo con el país.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 74/2025, este paradigma ha cambiado radicalmente. A partir de ahora, solo podrán solicitar la ciudadanía italiana por sangre aquellos que sean hijos o nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia. Esta nueva disposición excluye explícitamente a los bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores, incluso si poseen documentación completa y una línea directa de descendencia sin interrupciones.

Esta exclusión generacional no es meramente un ajuste administrativo; representa una redefinición fundamental de quién es considerado «italiano» a los ojos del Estado, priorizando la proximidad al origen ancestral. Esta reconfiguración de la identidad nacional podría generar una profunda desconexión emocional y cultural para amplios segmentos de la diáspora italiana, especialmente en países con una histórica y masiva emigración como Argentina, Uruguay o Brasil. Al limitar el derecho, la ley desafía la noción misma de un derecho imprescriptible a la ciudadanía basado en el linaje sanguíneo, un principio que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Esta medida intensifica la probabilidad de desafíos legales y una mayor movilización comunitaria, como se ha observado con las peticiones en línea contra el decreto y el impulso de acciones judiciales.

El Requisito del «Vínculo Efectivo»: Nuevas Condiciones para la Transmisión de la Ciudadanía

La nueva normativa introduce la exigencia de demostrar un vínculo concreto y efectivo con Italia. Este vínculo podrá justificarse de diversas maneras, lo que supone un cambio significativo en los requisitos para la adquisición de la ciudadanía. Una de las vías para acreditarlo es la residencia legal y continuada en Italia por al menos dos años antes del nacimiento del hijo. Alternativamente, para los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero, se requerirá demostrar una acción cívica con el país cada 25 años, como votar en elecciones italianas, renovar el pasaporte italiano o actualizar el estado civil en el consulado correspondiente.

Un aspecto crucial de esta reforma es que la carga de la prueba recae ahora exclusivamente sobre el solicitante. Esto significa que es el interesado quien debe demostrar no solo su linaje, sino también la ausencia de cualquier causa de exclusión, como una naturalización previa del ancestro o una interrupción en la cadena de transmisión de la ciudadanía. Además, la ley ha restringido los métodos de prueba, ya que no se admitirá el testimonio ni el juramento de testigos, salvo en excepciones legales explícitamente permitidas.

Excepciones y Transiciones: Quiénes Quedan Protegidos por las Reglas Anteriores

A pesar de la rigurosidad de la nueva ley, se han establecido ciertas excepciones y disposiciones transitorias para aquellos que ya habían iniciado su proceso o tenían planes concretos antes de la entrada en vigor de la reforma. La nueva restricción generacional no afectará a quienes hayan presentado su solicitud con la documentación completa antes del 27 de marzo de 2025. De igual manera, aquellos que hayan iniciado un juicio judicial antes de esa fecha clave también conservarán su derecho bajo las leyes anteriores.

Un aspecto relevante es que quienes tenían un turno oficial formalmente asignado y documentado antes del 27 de marzo de 2025 también quedan protegidos por las normativas previas. Es importante destacar que los individuos que ya habían obtenido la ciudadanía italiana antes del 27 de marzo de 2025 no se verán afectados por los cambios. Asimismo, si un ciudadano italiano ya reconocido ha inscrito a sus hijos en el consulado a través del registro AIRE, estos menores también están protegidos y su ciudadanía no se ve comprometida.

La fecha del 27 de marzo de 2025 emerge como un punto de inflexión decisivo en la aplicación de la nueva ley. Esta fecha, que coincide con la aprobación inicial del Decreto Ley 36/2025 por el Consejo de Ministros, establece una clara división entre dos categorías de solicitantes: aquellos que actuaron antes de la reforma y quienes deben ahora adaptarse al nuevo y más estricto marco legal. Esta línea divisoria subraya la importancia de la acción oportuna frente a los cambios legislativos y, para quienes no cumplieron con este plazo, los dirige de inmediato hacia los requisitos más exigentes o hacia la vía judicial, evidenciando el impacto inmediato de la aprobación inicial del decreto.

A continuación, se presenta una tabla que resume los principales cambios introducidos por la Ley 74/2025, facilitando una comprensión clara y didáctica de las modificaciones más relevantes.

Tabla 1: Principales Cambios en la Ciudadanía Italiana (Ley 74/2025)

AspectoAntes (Pre-27/03/2025)Ahora (Post-27/03/2025)
Límite Generacional (Ius Sanguinis)Sin límite generacionalSolo hasta hijos y nietos de italianos nacidos en Italia
Requisito de Vínculo EfectivoSin requisito de vínculo de residencia/acción cívica para ius sanguinisSe exige vínculo efectivo (residencia o acción cívica)
Transmisión Automática a Hijos MenoresTransmisión automática si uno de los padres era italianoTransmisión automática solo si nacen en Italia o progenitor residió 2 años
Gestión de TrámitesConsulados gestionaban solicitudes por descendenciaFarnesina centraliza trámites
Costo del Trámite (Arancel Administrativo)€640€700 (con posibles actualizaciones)

Parte 2: Implicaciones Prácticas y Vías Alternativas

La Ley 74/2025 no solo redefine el acceso a la ciudadanía por descendencia, sino que también introduce importantes implicaciones prácticas para diversas categorías de solicitantes, desde hijos menores hasta descendientes lejanos, y modifica la gestión administrativa de los trámites.

Cambios para Hijos Menores: Las Nuevas Condiciones para la Adquisición Automática de Ciudadanía

La adquisición automática de la ciudadanía para hijos menores de ciudadanos italianos ha sido objeto de una revisión significativa. Anteriormente, los hijos nacidos de ciudadanos italianos en el extranjero a menudo adquirían la ciudadanía de forma pasiva, un derecho transmitido directamente por el progenitor. Sin embargo, la nueva ley establece condiciones más restrictivas para los hijos menores de italianos por nacimiento. Para que estos menores puedan acceder a la ciudadanía, se requerirá la presentación de una declaración formal de voluntad de adquirir la ciudadanía dentro del primer año desde el nacimiento o la adopción. Adicionalmente, el menor deberá residir legalmente en Italia de forma continua por al menos dos años después de dicha declaración.

En el caso de que un adulto adquiera o readquiera la ciudadanía italiana, su hijo menor solo podrá obtenerla automáticamente si reside legalmente en Italia por al menos dos años continuos, o si es menor de dos años desde el nacimiento. Para los hijos nacidos en el extranjero después del 27 de marzo de 2025, la adquisición automática de la ciudadanía ya no es la norma. Deberán cumplir condiciones específicas, como que uno de los padres o abuelos tuviera exclusivamente ciudadanía italiana, o que uno de los padres haya residido legalmente en Italia por al menos dos años antes del nacimiento del menor, o que se presente una declaración de voluntad conforme al artículo 1-bis de la ley.

Este cambio marca el fin de la transmisión puramente pasiva de la ciudadanía para los menores nacidos fuera de Italia. La ley introduce requisitos activos, como la declaración de voluntad o la residencia, que antes no eran necesarios. Esta modificación impone una nueva carga a los ciudadanos italianos que residen en el extranjero, quienes ahora deben tomar medidas proactivas para asegurar la ciudadanía de sus hijos o cumplir con requisitos de residencia específicos. El resultado podría ser una disminución en el número de ciudadanos italianos en la diáspora con el tiempo, ya que una generación de niños nacidos de italianos en el extranjero podría no adquirir la ciudadanía automáticamente, lo que refleja la intención del Estado de asegurar una conexión más «activa» con Italia desde el nacimiento.

Ciudadanía por Naturalización para Descendientes Lejanos: Una Nueva Ruta con Requisitos de Residencia e Integración

Para los descendientes más allá de la segunda generación (bisnietos, tataranietos y posteriores), la vía de reconocimiento automático por ius sanguinis ha sido cerrada de manera definitiva. Estos descendientes lejanos, que antes podían aspirar a la ciudadanía por derecho de sangre sin límite generacional, ahora se ven obligados a recurrir a la vía de la naturalización.

Este camino implica requisitos considerablemente más estrictos y una redefinición de la naturaleza de su acceso a la ciudadanía. Para ser elegibles para la naturalización, deberán residir legal y continuadamente en Italia por al menos dos años. Además, se les exigirá aprobar un examen de italiano de nivel B1 y acreditar una integración social y laboral en el país. También se requiere que tengan un antepasado ciudadano italiano y que posean la ciudadanía de un Estado con emigración italiana histórica.

La imposición de la vía de naturalización para bisnietos y generaciones posteriores implica que la ciudadanía, para ellos, deja de ser un derecho imprescriptible inherente a su linaje sanguíneo y se convierte en una concesión otorgada por el Estado. La naturalización es, por su propia definición, un acto discrecional del Estado, no un derecho automático. Este cambio no solo hace el proceso significativamente más arduo y costoso, al requerir la reubicación y el dominio del idioma, sino que también debilita los argumentos legales para impugnar la nueva ley basados en el principio del «derecho imprescriptible». El Estado puede argumentar que ofrece una vía alternativa, aunque más exigente, lo que refuerza la idea de que busca ciudadanos activamente integrados en la sociedad italiana, más que aquellos conectados solo por una ascendencia lejana.

Ciudadanía por Matrimonio: Confirmación de que esta Vía se Mantiene sin Cambios Significativos por Ahora

A pesar de las versiones preliminares que circulaban antes de la aprobación de la Ley 74/2025, esta normativa no introdujo modificaciones al artículo 5 de la Ley 91/1992, que regula la ciudadanía por matrimonio. Esto significa que, por el momento, la vía de la ciudadanía por matrimonio (conocida como jure matrimonii) se mantiene bajo el esquema tradicional.

Los requisitos actuales establecen que se necesitan dos años de matrimonio si los cónyuges residen en Italia (reduciéndose a un año si tienen hijos). Si residen en el extranjero, el período de matrimonio requerido es de tres años, que se reduce a un año y medio si hay hijos. En ambos casos, se exige la aprobación de un examen de italiano de nivel B1. Es importante destacar que, para quienes residen en el extranjero, no se exige una residencia previa en Italia para solicitar la ciudadanía por matrimonio.

La estabilidad de la vía por matrimonio contrasta fuertemente con la volatilidad y los cambios radicales que ha experimentado el ius sanguinis. Esto podría convertirla en una opción más atractiva y predecible para algunos individuos, especialmente aquellos casados con ciudadanos italianos. Sin embargo, es crucial mencionar que, aunque no fue modificado por esta ley, una reforma aprobada por el Senado podría exigir una residencia legal de dos años en Italia como condición excluyente para acceder a la ciudadanía por matrimonio a partir del 1 de enero de 2027. Esta medida, aunque aún no definitiva, sugiere que incluso esta vía «estable» podría endurecerse en el futuro, alineándose con una tendencia general hacia requisitos de ciudadanía más estrictos y señalando una posible estrategia legislativa por fases.

Centralización de Trámites y Costos: El Traslado de la Gestión Consular a la Farnesina y el Aumento de Aranceles

Otra modificación operativa de gran calado es la centralización de los trámites de ciudadanía por descendencia. A partir de ahora, los consulados italianos ya no gestionarán estas solicitudes. En su lugar, la Farnesina (Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia) asumirá esta función, centralizando todos los trámites a través de una nueva oficina especializada. Se ha previsto un período de transición de aproximadamente un año para la plena implementación de este nuevo esquema.

Los objetivos declarados de esta centralización son estandarizar los tiempos de espera y evitar las demoras que a menudo se producían debido a las diferencias jurisdiccionales entre los distintos consulados. Paralelamente a esta reorganización, el arancel administrativo para iniciar el trámite de ciudadanía ha experimentado un ajuste, pasando de €640 a €700. Este incremento se justifica como una respuesta a la inflación y al nuevo esquema centralizado, y se anticipa que este valor podrá actualizarse periódicamente.

Aunque la centralización se presenta como una medida de eficiencia, también puede interpretarse como un mecanismo para ejercer un mayor control sobre el proceso de solicitud y gestionar el volumen de peticiones. Al consolidar la responsabilidad que antes estaba distribuida entre los consulados, el gobierno obtiene un punto único de control, lo que podría facilitar la implementación uniforme de interpretaciones más estrictas de la nueva ley. El aumento del arancel, aunque pueda parecer menor, añade una barrera económica adicional, especialmente para solicitantes de países con tipos de cambio menos favorables, lo que podría disuadir sutilmente algunas solicitudes sin prohibirlas directamente. Esto sugiere un enfoque multifacético: restricción legislativa, endurecimiento procedimental y desincentivo financiero.

Readquisición Extraordinaria: Oportunidades para Quienes Perdieron la Ciudadanía

En un contraste notable con las restricciones impuestas a la ciudadanía por descendencia, la Ley 74/2025 también abre una ventana excepcional para la readquisición de la ciudadanía italiana. Entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2027, podrán readquirir la ciudadanía aquellos individuos que cumplan con ciertos criterios.

Esta oportunidad se extiende a quienes nacieron o residieron en Italia por al menos dos años continuos, y que perdieron su ciudadanía italiana por diversas razones, como renuncia voluntaria, el ejercicio de un empleo incompatible con la ciudadanía italiana, o la naturalización automática en otro país.

Esta disposición crea un contraste llamativo. Mientras la nueva ley limita severamente el ius sanguinis para los descendientes lejanos, simultáneamente introduce una vía para la readquisición de la ciudadanía para aquellos que, en algún momento, tuvieron un vínculo más directo y reciente con Italia. Esta política podría interpretarse como una preferencia estratégica para reintegrar a individuos con una conexión histórica más inmediata con el país (aquellos que fueron ciudadanos o residieron allí), en lugar de extender la ciudadanía a descendientes distantes que quizás nunca hayan vivido en Italia. Esta distinción sugiere un enfoque matizado de la ciudadanía, donde diferentes categorías de solicitantes son tratadas con distinto rigor según la fuerza percibida de su conexión con el Estado italiano moderno.

Parte 3: La Batalla Legal: Juicios por Inconstitucionalidad y Futuro de la Ciudadanía

La promulgación de la Ley 74/2025 ha desatado una ola de desafíos legales, con numerosos juristas y organizaciones argumentando su inconstitucionalidad. La vía judicial se perfila como la principal herramienta para aquellos que buscan defender su derecho a la ciudadanía italiana ante las nuevas restricciones.

Argumentos de Inconstitucionalidad: Por Qué la Nueva Ley es Considerada Violatoria de Principios Fundamentales

La Ley 74/2025, que convierte el Decreto 36/2025 en ley, es objeto de serias impugnaciones por considerarse violatoria de principios fundamentales de la Constitución Italiana. Las demandas personalizadas ante los tribunales italianos se fundamentan en varios argumentos clave:

En primer lugar, se alega una violación del principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 3 de la Constitución Italiana. Al establecer una discriminación entre generaciones (hijos y nietos frente a bisnietos y posteriores), la ley crea una aplicación desigual de derechos basada en la distancia generacional, lo que se considera una medida discriminatoria sin justificación razonable.

En segundo lugar, la reforma rompe con la jurisprudencia establecida que reconoce la ciudadanía como un derecho imprescriptible. Numerosos precedentes legales han sostenido que la ciudadanía por linaje sanguíneo es un derecho inherente que no puede ser perdido ni negado arbitrariamente por el paso del tiempo o por cambios legislativos. Al limitar este derecho, la nueva ley contraviene esta sólida interpretación legal.

En tercer lugar, la normativa afecta la confianza legítima de quienes iniciaron o planearon su trámite basándose en el marco legal anterior. Aquellos que habían comenzado el proceso de solicitud o habían realizado planes concretos y reunido documentación bajo las reglas previas se ven ahora injustamente perjudicados por el cambio repentino e inesperado en la legislación.

Finalmente, la ley desconoce los lazos de sangre con Italia por razones consideradas arbitrarias. Al cortar el derecho de transmisión en la generación de los nietos, la ley ignora las profundas conexiones familiares e históricas que los bisnietos y las generaciones subsiguientes mantienen con Italia, sin una razón justificable o no arbitraria que lo sustente.

El núcleo de este desafío legal reside en la tensión entre el derecho soberano del Parlamento italiano para legislar sobre la ciudadanía y los principios constitucionales y precedentes legales establecidos que definen la ciudadanía como un derecho imprescriptible derivado del ius sanguinis. Esta batalla legal no se limita a las reclamaciones individuales de ciudadanía; es un debate profundo sobre la naturaleza de la identidad nacional, los límites del poder legislativo y la protección de los derechos fundamentales dentro del sistema legal italiano. Un fallo favorable a los demandantes podría sentar un precedente significativo, reafirmando la naturaleza duradera del ius sanguinis y potencialmente obligando al gobierno a reconsiderar su enfoque. Por el contrario, si la ley se mantiene, consolidaría una interpretación más restrictiva de la identidad italiana para las futuras generaciones, marcando un cambio permanente en cómo Italia concibe a su comunidad global. Esto subraya las altas apuestas de los procesos judiciales en curso.

Vías Judiciales Disponibles: Juicios por Inconstitucionalidad y Otros Procesos

Ante las nuevas restricciones impuestas por la Ley 74/2025 y la persistente saturación en los consulados italianos, la vía judicial se ha consolidado como una alternativa crucial para miles de descendientes. Si el sistema administrativo falla o la ley excluye, el juicio se presenta como el camino más claro y directo para recuperar la ciudadanía. Los principales tipos de juicios que se pueden iniciar hoy son:

  • Juicio por inconstitucionalidad del Decreto 36/2025 (Ley 74/2025): Esta es la vía principal para los bisnietos, tataranietos y otros descendientes de italianos nacidos fuera de Italia que ahora han quedado excluidos del reconocimiento automático por ius sanguinis. El objetivo es defender el derecho imprescriptible a la ciudadanía por sangre y revertir la exclusión generacional que la nueva ley ha impuesto.
  • Juicio por vía materna (casos anteriores al 1 de enero de 1948): Durante décadas, la ley italiana negó a las mujeres el derecho a transmitir la ciudadanía si sus hijos nacían antes de 1948. Este juicio busca revertir esa discriminación histórica, permitiendo que los descendientes de una mujer italiana nacida antes de esa fecha puedan obtener la ciudadanía.
  • Juicio por falta de turnos en los consulados italianos: Para aquellos que llevan años esperando un turno consular sin respuesta del sistema Prenot@mi, este juicio permite saltarse la burocracia consular y solicitar directamente la ciudadanía ante la justicia italiana.

La creciente dependencia de la vía judicial es una consecuencia directa de las restricciones administrativas. A medida que los canales administrativos se vuelven más restrictivos o inoperantes, el sistema legal se convierte en el recurso principal. Esta tendencia indica un cambio de un proceso mayormente administrativo a uno que depende en gran medida de desafíos legales. Esto implica que la obtención de la ciudadanía italiana para muchos requerirá ahora una inversión legal significativa y la navegación del sistema judicial italiano, en lugar de simplemente cumplir con los requisitos consulares. Ello podría crear un sistema inequitativo donde el acceso a la ciudadanía depende cada vez más de la capacidad financiera y la representación legal, en lugar de únicamente del linaje ancestral, lo que constituye una barrera para quienes no pueden permitirse una acción legal.

La Importancia de la Acción Comunitaria

Aunque la Ley 74/2025 ya se encuentra en vigor, el panorama legal y político en torno a la ciudadanía italiana sigue siendo dinámico y sujeto a desarrollos futuros. La aprobación de la ley no estuvo exenta de tensiones políticas internas. El diputado nacional por Italia, Franco Tirelli, señaló que, si bien el gobierno contaba con los votos necesarios para aprobar la ley tal como estaba redactada, la postura de la Liga (Lega) de no aceptarla abrió una ventana para la negociación, especialmente en lo referente a si el hijo del «nono» o el padre del nieto debía ser ciudadano italiano y no solo «nato en Italia». Esto sugiere que la ley final podría ser el resultado de complejos compromisos políticos, y que la comunidad italiana en el exterior percibía una «fecha de defunción» si no se lograban ciertas enmiendas.

La situación actual trasciende las meras tecnicidades legales; posiciona la ciudadanía italiana como un campo de batalla crucial para consideraciones geopolíticas y demográficas. El endurecimiento del ius sanguinis por parte del gobierno podría interpretarse como un intento de controlar el flujo poblacional o de definir el carácter nacional de manera más restrictiva, mientras que, al mismo tiempo, se exploran vías para la naturalización que podrían atraer mano de obra calificada o residentes. La resistencia de la diáspora y sus representantes políticos subraya las profundas implicaciones culturales y de identidad en juego. El resultado de estas batallas legales y políticas no solo determinará los derechos individuales, sino que también moldeará la futura composición demográfica y cultural de Italia y su vasta comunidad global. Es una reevaluación estratégica de quién pertenece a la «nación italiana» en el siglo XXI.

Conclusiones

La Ley 74/2025 marca un punto de inflexión decisivo en la política de ciudadanía italiana, transformando un principio de ius sanguinis históricamente ilimitado en un acceso condicional y restringido. La reforma impone límites generacionales estrictos, excluyendo a bisnietos y generaciones posteriores del reconocimiento automático, y exige la demostración de un «vínculo efectivo» con Italia, ya sea a través de residencia o acciones cívicas. Para los hijos menores nacidos en el extranjero, la adquisición de la ciudadanía deja de ser un proceso pasivo para convertirse en uno que requiere acciones proactivas o el cumplimiento de condiciones específicas.

La centralización de los trámites en la Farnesina y el aumento de los aranceles administrativos reflejan una estrategia gubernamental para racionalizar y controlar el proceso, aunque también añaden barreras burocráticas y económicas. Mientras tanto, la vía de la ciudadanía por matrimonio se mantiene, por ahora, como un camino más estable, aunque con la posibilidad de futuras restricciones.

Ante este panorama de endurecimiento administrativo, la vía judicial ha emergido como el principal recurso para miles de descendientes. Los juicios por inconstitucionalidad, basados en argumentos sólidos como la violación del principio de igualdad y la ruptura con la jurisprudencia establecida, buscan defender un derecho que se considera imprescriptible. Esta judicialización de la ciudadanía transforma el proceso en una inversión significativa de tiempo y recursos, lo que podría generar una inequidad en el acceso.

En última instancia, la Ley 74/2025 no es solo una reforma legal; es una redefinición de la identidad italiana y de su relación con su diáspora global. El resultado de las batallas legales y políticas en curso determinará no solo el futuro de miles de solicitantes, sino también la composición demográfica y cultural de Italia en el siglo XXI, en un contexto de tensiones entre la soberanía legislativa y la defensa de derechos fundamentales históricos.


Fuentes utilizadas en el texto, ordenadas por título/enlace:


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