Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC señalaron que centros como el Hospital de Clínicas y la Maternidad Nacional no recibieron instrucciones para aplicar la Resolución 1066/2026. Advierten que la medida plantea dilemas éticos al personal de salud y sostienen que la comunidad migrante atendida ya cuenta con residencia permanente.
Por InfoColectividades
Tras la publicación de la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación —que reglamenta el cobro de atención no urgente a extranjeros sin residencia permanente en establecimientos nacionales—, las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aclararon que la atención médica en sus hospitales universitarios continúa siendo gratuita y sin cambios.
El Secretario Técnico y exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Rogelio Pizzi, precisó que no han recibido circulares ni notificaciones oficiales para implementar el arancelamiento en instituciones como el Hospital Nacional de Clínicas o la Maternidad Nacional. Pizzi explicó que, al depender administrativamente del Ministerio de Educación y no del de Salud, aún se debe determinar si la normativa los alcanza de forma directa.
Bajo impacto numérico y objeción ética
Según los datos preliminares aportados por la institución, sobre un promedio de 18.000 consultas mensuales, las personas extranjeras sin residencia no superan el centenar. Además, se remarcó que la gran mayoría de la población migrante que acude a estos centros (principalmente de las colectividades boliviana y peruana) está radicada en Argentina y posee DNI con residencia permanente, por lo que no quedaría alcanzada por las restricciones.
Por otra parte, Pizzi expresó su preocupación por las complicaciones éticas que genera exigir un cobro previo en la práctica profesional habitual:
«De ninguna manera. Te aseguro que no estamos preparados para eso. Nos pone en una gran contradicción a los profesionales de la salud (…) Nosotros no podemos hacer distinciones de razas, etnias ni religiones».
Crece la alarma en organizaciones sociales
Paralelamente, la organización CAREF (Servicio Evangélico para Ayudas de Emergencia) emitió un comunicado de rechazo a la Resolución 1066/2026 y al DNU 366/2025. La entidad alertó sobre la abrupta caída en la concesión de residencias permanentes desde mediados de 2025 y advirtió que restringir los controles médicos preventivos o de embarazo terminará encareciendo los costos humanos y económicos al saturar las guardias por emergencias evitables.
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